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Corte Suprema decidirá en DACA
Decrease Text Size Increase Text Size - Jueves, 31 de Octubre de 2019 - Redaccion NR

En dos semanas, la Corte Suprema considerará la decisión de Trump de poner fin a la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, más conocida como DACA. 
Adoptada en 2012, la política de DACA se aplica a ciertos inmigrantes que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños. La política no proporciona un camino hacia la ciudadanía, pero los protege de la deportación (esa es la "acción diferida"). 
Mientras tanto, otras regulaciones federales han extendido por mucho tiempo la autorización de trabajo y los beneficios relacionados a ciertos no ciudadanos, incluidas las personas a las que se les otorga una acción diferida. La idea detrás de esas regulaciones es que, si el gobierno va a aceptar la presencia de alguien aquí, a esa persona también se le debe permitir trabajar.
Esa elección de política estuvo en el corazón de un fallo de 2015 de un tribunal de apelaciones que consideró ilegal otra iniciativa de la era Obama. El caso se refería a una acción ejecutiva emitida en 2014, Acción diferida para padres de estadounidenses y residentes legales permanentes. 
El tribunal dictaminó que el poder ejecutivo no podía conferir autorización de trabajo y otros privilegios a millones de padres indocumentados de ciudadanos, porque eso estuvo muy cerca de otorgar un estatus legal completo por mandato ejecutivo. Después de la muerte del juez Antonin Scalia en 2016, la Corte Suprema se dividió equitativamente sobre esa cuestión, dejando en su lugar el fallo de la corte inferior.
Cuando la administración Trump se movió para terminar con DACA en septiembre de 2017, se basó únicamente en ese precedente. La Casa Blanca enfatizó que Trump no tenía ninguna objeción a DACA como una cuestión de política pública. Pero el presidente no tuvo otra opción, dijo la administración, porque DACA era ilegal bajo la lógica del caso de 2015.
DACA ofrece una garantía contra la deportación. La administración nunca ha afirmado que hacer tales garantías está más allá del poder del poder ejecutivo.
 Y, de hecho, Texas y los otros estados que presentaron el caso de 2015 tampoco lo han afirmado. Su objeción se limitó al paso adicional de otorgar beneficios afirmativos, principalmente la capacidad de trabajar, sin la aprobación específica del Congreso.

 

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