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A pesar de los intentos de Trump de acabarlos, por ahora DACA y TPS continúan
Decrease Text Size Increase Text Size - Jueves, 3 de Enero de 2019 - AFR y Cronkite News


Si bien no se aceptan solicitudes por primera vez, los tribunales que bloquearon el plan de la administración a principios de este año también ordenaron a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos que aceptaran y procesaran las solicitudes de renovación, mientras que los desafíos legales están pendientes.
DACA, iniciada en 2012 por el gobierno de Obama, difiere la deportación de ciertos jóvenes inmigrantes que fueron traídos a este país ilegalmente como niños y que cumplen con criterios específicos, como estar en la escuela o trabajar y tener un historial limpio. Si pagan las tarifas del programa y son aprobadas, están protegidas de la deportación hasta por dos años y pueden solicitar permisos de trabajo y licencias de conducir, entre otros beneficios.
Los críticos calificaron el plan de una exageración ejecutiva que eludió al Congreso y el entonces Fiscal General, Jeff Sessions, dijo en septiembre de 2017 que el programa se eliminaría en marzo. Se suponía que ese "descanso" le daría al Congreso tiempo para idear un plan alternativo, pero los legisladores están en un punto muerto.
Pero los desafíos judiciales aumentaron, y un juez federal en California en enero ordenó a la administración de Trump que reviviera el programa aceptando solicitudes de renovación de personas que ya contaban con la protección de DACA.
Esa situación se ha mantenido, incluso cuando el Departamento de Justicia ha pedido dos veces al Tribunal Supremo que intervenga, hasta ahora sin éxito, y otros tribunales federales han dictaminado en contra de la administración. Pero eso no significa que el proceso sea fácil, dicen los expertos. Ahora la Corte Suprema tendrá que decidir en última instancia que el asunto
United We Dream, la organización más grande que agrupa a los beneficiarios de DACA, estima que la Corte Suprema podría decidir si atiende este caso a mediados de enero próximo.
Al Congreso también apuntan los más de 430.000 inmigrantes, de los cuales unos 350.000 son centroamericanos, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), el amparo migratorio concedido a nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales.
Este programa ha sido cancelado por el presidente Trump en el caso de algunos países y es objeto también de batallas legales.
En febrero próximo, un grupo de 3.000 amparados por el TPS, entre activistas y miembros de organizaciones que conforman la Alianza TPS, llegará a Washington para pedir al nuevo Congreso, cuya cámara Baja será ya de mayoría demócrata, una solución permanente.
De hecho, varios congresistas hispanos han enviado una carta a Nancy Pelosi, quién asumirá la dirección de dicha cámara a partir de enero, para que en los primeros cien días de trabajo el nuevo Congreso promulgue leyes que protejan a los beneficiados por DACA y TPS.
El otro frente de batalla para los activistas en defensa del TPS está en los tribunales.
NDLON fue una de las organizaciones detrás de la demanda en contra del Gobierno de Trump y que fue respaldada por el juez federal Edward Chen, quien en junio pasado permitió que continúe la querella en contra de la cancelación del TPS.
El juez tendrá que emitir una decisión final sobre la demanda, aunque Alvarado cree que Chen se ratificará y, por tanto, la Administración federal llevará el asunto al Tribunal Supremo.
AFR y Cronkite News

 

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