Bloquean la regla de "Carga Pública" de Trump


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Según la regla propuesta de Trump para "Carga Pública" , un inmigrante que se encuentra legalmente en el país se le podría haber revocado su estatus legal, o incluso ser deportado, si utiliza ciertas formas de asistencia, como asistencia alimentaria para alimentar a sus hijos ciudadanos estadounidenses o asistencia para la vivienda, incluso por poco tiempo. "La decisión de hoy envía un mensaje de esperanza a las comunidades inmigrantes de nuestro país de que los continuos ataques del presidente contra ellos no funcionarán", dijo el fiscal general Herring. "El presidente Trump y el director interino Cuccinelli han dejado en claro que los únicos inmigrantes que quieren son ricos y blancos. Esto no es estadounidense en todos los sentidos. Los inmigrantes han hecho de nuestro país y de nuestra Comunidad lo que son hoy y sigo tan comprometido como siempre para protegerlos a ellos y a sus comunidades".

El fiscal general Mark R. Herring ganó una orden judicial en todo el país que bloque la radical revisión de las llamadas reglas de "carga pública" del presidente Donald Trump y al director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. Ken Cuccinelli. 
En su demanda presentada en agosto, en una coalición de 13 estados, encabezada por el fiscal general Herring de Virginia y el fiscal general del estado de Washington Bob Ferguson, alegó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó los estatutos federales de inmigración, la Ley de Reforma de Bienestar y la Ley de Procedimiento Administrativo cuando ilegalmente amplió la definición de "carga pública".
En la demanda, los fiscales generales escribieron que la regla de la Administración Trump es "una revisión radical de la ley federal de inmigración de un sistema que promueve la movilidad económica entre los inmigrantes a uno que beneficia a los inmigrantes con riqueza".
Los fiscales generales afirmaron que la regla violaba la Ley de Inmigración y Naturalización al redefinir la "carga pública" de una manera que no tenía relación con su significado original y la intención del Congreso.
La demanda también afirmó que la sanción que la norma crea para los inmigrantes que usan los beneficios para los cuales tienen derecho legal contradice la intención del Congreso y viola la Ley de Reforma de Bienestar.
Los fiscales generales también afirmaron que el DHS violó la Ley de Procedimiento Administrativo de numerosas maneras, incluso al revertir una política coherente de décadas sin análisis razonado y ofrecer una explicación de la regla que va en contra de la evidencia ante la agencia.
Según la regla propuesta de la administración Trump, un inmigrante que se encuentra legalmente en el país podría haber revocado su estado legal, o incluso ser deportado, si él o ella utiliza ciertas formas de asistencia, como asistencia alimentaria para alimentar a sus hijos ciudadanos estadounidenses o asistencia para la vivienda, incluso por poco tiempo.
La nueva regla también ampliaría la capacidad de la Administración Trump de negar la renovación de la visa o las tarjetas verdes a cualquier persona que piense que podría utilizar una amplia gama de beneficios a corto plazo en algún momento en el futuro, sin una fórmula clara para tomar esa determinación.
La revisión de la Administración Trump podría haber expuesto a miles de inmigrantes legales y titulares de tarjetas de residencia a la deportación, y forzarlos a tomar una decisión inhumana de proteger su estatus migratorio legal o arriesgarlo al acceder a asistencia médica, alimentos o asistencia para la vivienda para la que están ya elegible. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional admitió que la norma "disuadiría a los titulares de visas legalmente presentes de utilizar programas de asistencia importantes".
Las reglas de la llamada "carga pública" han existido en la ley de inmigración durante varias décadas, pero según la ley y las políticas de larga data, una carga pública ha tenido una definición muy estrecha y específica: un individuo cuya supervivencia depende de un beneficio público específico: asistencia en efectivo, o quién está institucionalizado para atención a largo plazo a expensas del gobierno. La definición de "carga pública" no ha incluido asistencia temporal, como asistencia alimentaria o de vivienda o atención médica temporal.
Bajo la nueva regla, una carga pública ahora incluiría a personas o familias legalmente presentes que utilizarán una amplia gama de asistencia federal para vivienda, alimentos o atención médica en cualquier momento en el futuro, por tan solo cuatro meses. En consecuencia, muchos titulares de visas y solicitantes de tarjetas verdes ya han comenzado a abstenerse de buscar asistencia para ellos o sus familias porque podría hacer que no sean elegibles para renovar su estatus de inmigración legal o convertirse en un residente permanente, exponiéndolos a la deportación.
La regla también amplía la capacidad de los funcionarios de inmigración de negar visas y tarjetas de residencia a cualquier persona que, según su predicción, pueda utilizar este tipo de asistencia en el futuro. Y si un titular actual de la tarjeta verde deja el país 180 días, también podría ser etiquetado como una carga pública al regresar y perder su estatus legal.
Como consecuencia de la nueva regla, menos familias y niños recibirían los servicios que necesitan, incluidos alimentos, atención médica y vivienda. Muchos niños se quedarían sin comidas, vacunas o refugio adecuados, y más familias sufrirían la falta de vivienda.
Cientos de miles de personas perderían la atención médica para ellos y sus familias. Muchas de estas personas irían a la sala de emergencias para recibir atención médica de rutina, lo que requiere que los estados cubran los costos médicos mucho más caros.
Además, las mujeres podrían perder los servicios de atención reproductiva de rutina, lo que resulta en más embarazos no deseados, más partos de alto riesgo y mayores costos para los recién nacidos cuya salud se ve comprometida por la falta de atención prenatal adecuada.
Uniéndose a Virginia en la demanda multi estatal contra el DHS se encuentran Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island y Washington.
Fuente Office of Attorney General Mark R. Herring


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